El acuerdo secreto firmado entre Paraguay y Brasil por la central hidroeléctrica de Itaipú, una de las más potentes del mundo, ha golpeado con dureza al Gobierno conservador del paraguayo Mario Abdo Benítez. En menos de 24 horas han renunciado el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, y otros tres alto cargos, incluido el director de Itaipú. El presidente paraguayo ha sido escrachado en su propia casa y el Congreso ya investiga el asunto.
La mayor crisis hasta la fecha en el Gobierno de Abdo Benítez comenzó con la sorpresiva renuncia del presidente de la empresa estatal de electricidad, ANDE, Pedro Ferreira, el pasado miércoles. Este funcionario dejó su cargo alegando que querían obligarle a firmar un acuerdo con Brasil sobre Itaipú que no convenía a Paraguay. Su gesto despertó una oleada de solidaridad patriótica que se volvió contra el Ejecutivo. Ahora, un nuevo lema recorre las redes sociales y las calles: “Desastre ko Marito”, símbolo de la poca popularidad tras un año de gestión del mandatario del Partido Colorado.
El acuerdo revierte el reparto de la energía de Itaipú que pactaron en 2009 el entonces presidente brasileño Lula da Silva y su homólogo paraguayo Fernando Lugo. Aquella negociación había triplicado la compensación que Brasil hacía a Paraguay hasta alcanzar los 360 millones de dólares por año.
“Alta traición” y “extorsión financiera” fueron las frases utilizadas por Ferreira para definir el texto secreto firmado entre Abdo Benítez y Jair Bolsonaro el pasado 24 de mayo y que solo fue difundido la semana pasada por exigencia del Senado paraguayo y coincidiendo con la renuncia del titular de la ANDE. Dos semanas antes, ambos mandatarios se encontraban en la frontera para escenificar armonía y anunciar proyectos de infraestructura conjunta.
Tras la renuncia de Ferreira, el ministro de Exteriores paraguayo compareció en una inusual rueda de prensa un domingo en medio de la noche. Intentó explicar los beneficios del nuevo acuerdo pero terminó diciendo a los periodistas que el Gobierno pedirá a Brasil revertirlo. Al día siguiente presentó su dimisión.
La solidaridad entre los gobiernos de centroizquierda de Lula y Lugo, que buscaban compensar la incalculables pérdidas que sufrió Paraguay con la inundación de su territorio en la construcción de la represa, construida entre las dictaduras de ambos países, será ahora sustituida por un sobrecoste de unos 200 millones de dólares anuales para Paraguay. Así lo denuncian los técnicos paraguayos de la hidroeléctrica, los de la empresa estatal de energía, la oposición y la prensa local, que ha filtrado hasta los audios de las nuevas negociaciones.
El nuevo contrato mantendrá a Paraguay casi con el mismo uso de energía de Itaipú que el actual, lo que, según la politóloga, docente e investigadora paraguaya Cecilia Vuyk. implica dos cosas: que su país no pueda avanzar en un mayor uso de la energía para nuevas industrias y transporte eléctrico e impedirá la contratación y venta de la energía excedente a terceros, manteniendo la cesión de la mayor parte de ella a Brasil.
Itaipú (Piedra que suena, en guaraní) es la joya energética de la República por eso el tema del reparto de las ganancias es, no solo un asunto de Estado, sino un debate popular en la sociedad paraguaya. Es un tema solo comparable en importancia a la Guerra Guazú (grande, en guaraní), cuando en el siglo XIX Paraguay fue invadido y expoliado por las ya entonces enormes potencias Argentina y Brasil.
Según Vuyk, el tratado original beneficia al cordón industrial que se ubica en Sao Paulo y alrededores y no a Paraguay que usa menos del 15%.
Los medios difunden las voces de diplomáticos, economistas, abogados, politólogos, comunicadores y dirigentes sociales que discuten acalorados sobre el acuerdo desnivelado entre Brasil y Paraguay. Es un tema de sobremesa habitual, que deriva muchas veces en los matices de la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 1973. En los debates a ras de calle están también los cortes de luz que afectan, con mucha mayor regularidad de la deseada, hasta al centro de la capital. También la falta de infraestructura industrial y vial.
Según el texto de 1973, aún vigente, el país más pequeño, Paraguay (siete millones de habitantes), debe ceder los excedentes de energía a precio de coste al más grande, Brasil. Ese acuerdo, que Paraguay considera injusto, vence a 50 años de su firma. El plazo se cumple en 2023 y el periodo de negociaciones coincide con las presidencias de Abdo Benítez y Bolsonaro.
(El País)