Puntomaq reunió a expertos y líderes empresariales para debatir la crisis energética y plantear salidas concretas, a la caída de producción, presión fiscal y desafíos estructurales.
Con un llamado a convertir la crisis en una oportunidad, Puntomaq llevó adelante el Foro Energético 2026 bajo el concepto “Energicemos el futuro”, un espacio de análisis que puso sobre la mesa la urgencia de encarar reformas en el sector energético boliviano.
El encuentro se realizó el jueves 23 de abril en el Gran Salón del Hotel Los Tajibos, y congregó a líderes empresariales, especialistas y actores clave del sector. El objetivo: pasar del diagnóstico a la propuesta en un momento en que la seguridad energética del país enfrenta una dura tensión.
Los panelistas, Álvaro Ríos Roca, socio director de Gas Energy Latin America, y Ángel Zannier, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, abordaron la situación de la industria hidrocarburífera, y la generación eléctrica hasta su impacto en la economía.
En la apertura, el presidente ejecutivo de Puntomaq, Gastón Jáuregui Quevedo, señaló que “Bolivia enfrenta un momento decisivo en materia energética. Como sector privado creemos que es fundamental promover el diálogo técnico y estratégico que permita anticiparnos a posibles escenarios de crisis y construir soluciones sostenibles”, afirmó.
La caída en la producción de hidrocarburos, la creciente dependencia de importaciones y las restricciones fiscales configuran un escenario que, según los analistas, exige decisiones urgentes y proofundas.
Durante su exposición, el experto Álvaro Ríos Roca trazó un panorama crítico de la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Señaló que la estatal arrastra un deterioro económico sostenido y que, desde 2024, opera con pérdidas. A marzo de 2026, indicó, cuenta con más de 5.000 trabajadores y varias unidades con alta capacidad ociosa.
Entre ellas mencionó plantas como la de urea, la separadora de líquidos Gran Chaco, instalaciones de biodiésel, GNL y complejos de refinación, además de ductos subutilizados. Este escenario, explicó, refleja problemas serios en la gestión y planificación del sector.
Ríos también advirtió sobre la situación financiera de la empresa estatal. Según sus datos, YPFB enfrenta deudas cercanas a 200 millones de dólares con operadoras y unos 600 millones con proveedores, lo que limita su capacidad de garantizar el abastecimiento de combustibles. A esto se suma la necesidad de alrededor de 200 millones de dólares mensuales para sostener la importación de diésel y gasolina.
Indicó que de mantenerse la tendencia actual, Bolivia podría comenzar a importar gas natural entre 2029 y 2030, mientras que la disponibilidad de líquidos también disminuiría de forma sostenida hacia el mismo periodo.
En esa misma línea, Ángel Zannier puso el foco en el rol del gas natural dentro del sistema eléctrico y lanzó una advertencia de alto impacto: el país podría enfrentar, en el corto o mediano plazo, la necesidad de importar gas a precios significativamente más altos que los actuales, incluso por encima de los 200 dólares por MBTU, según estimaciones y proyecciones del sector.
El ejecutivo recordó que las reservas probadas de gas han caído a 3,70 TCF y cuestionó la política de subsidios aplicada durante años en el mercado interno, con precios cercanos a 1 dólar por MBTU. “Sin gas, nos quedamos sin energía”, resumió, al advertir sobre la dependencia del sistema eléctrico respecto a este recurso.
Para el sector eléctrico, explicó, esta distorsión ha tenido efectos profundos. Desde hace más de dos décadas se mantiene un precio regulado para el gas destinado a generación, en torno a 1,3 dólares por MBTU, lo que —a su criterio— desincentivó la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos. Zannier sostuvo que el país ya transita un punto de inflexión. En ese contexto, destacó que recientemente se aprobó un decreto que permite al sector privado importar electricidad, una medida que abre el mercado de manera temporal mientras se recupera la capacidad interna de generación.
A ello se suma la eliminación de la exclusividad de Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) para importar y exportar energía, así como el impulso a una nueva Ley de Electricidad que prevé la realización de subastas abiertas para el abastecimiento, con participación pública, privada y mixta.
Otro elemento clave es la ampliación de la generación distribuida, que permite a consumidores instalar fuentes renovables para autoconsumo e inyectar excedentes a la red. Para Zannier, estas medidas pueden contribuir a reducir la presión sobre el sistema, aunque insistió en que el eje central debe ser la eficiencia energética. “No hay energía más barata que la que no se consume”, subrayó.
