Quedan sin efecto las medidas cautelares y ordena el levantamiento de la retención de cuentas bancarias. Sanciona con un monto económico a la jueza por haber incurrido en responsabilidad inexcusable.
El pasado 15 de junio, el Tribunal Agroambiental de Sucre anuló la sentencia, de una jueza de Entre Ríos contra Petrobras, relacionada al pago de $us 61,1 millones por un predio, donde se encuentra el campo petrolero San Alberto. Tanto empresarios y autoridades del sector coinciden en que este fallo sienta un precedente en el país y da un mensaje de seguridad jurídica para las inversiones.
“El fallo, emitido a favor de Petrobras, demuestra que en Bolivia se tiene plena certeza de que la ley y la justicia se aplican sin discriminación ni preferencia alguna a empresas nacionales o extranjeras; muestra de ello es que el Tribunal Agroambiental efectuó un correcto análisis valorando los argumentos que fueron presentados por Petrobras para defender sus derechos”, señaló Javier Enrique Pantoja Barrera, Gerente General de YPFB Andina S.A.
YPFB Andina S.A. es una de las socias de Petrobras para la explotación del pozo San Alberto, ubicado en el municipio de Caraparí, en el Chaco tarijeño. Ante ello, este proceso tiene alta relevancia ya que, una vez que concluya, sentará un precedente en el sector porque marca un hito en la seguridad jurídica tomando en cuenta que se aplicó la ley conforme a derecho.
Según la correlación de los hechos de este caso, se pretendía que la empresa Petrobras pague a los demandantes por el uso de los terrenos donde está ubicado el pozo petrolífero y gasífero de San Alberto, en cumplimiento a un fallo judicial del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos a cargo de Verónica Hesse de los Ríos. Este fallo fue revisado en la Sala del Tribunal Agroambiental de Sucre, dentro de un recurso de casación interpuesto por Petrobras que alega que el demandante no demostró el derecho de posesión de la tierra y la función económica-social de la misma.
Es así, que las magistradas Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo fallaron a favor de la empresa petrolera por falta de pruebas sobre el derecho propietario, que argumentaban los demandantes.
El Auto Agroambiental Plurinacional S1 N°51/2021 del proceso Acción Real de Pago por Concepto de Uso de Propiedad señala que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental deja sin efecto la Sentencia N° 01/2021 del 7 de abril. Además, se dejan sin efecto las medidas cautelares y se pide el levantamiento de retención de cuentas bancarias dispuestas en la sentencia. Otro aspecto es que se sanciona con un monto económico a la jueza “por haber incurrido en responsabilidad inexcusable”.
Respecto a este tema, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, afirmó en una publicación de su cartera que “la decisión de la justicia boliviana es trascendente porque se evidencia la seguridad jurídica que existe en el país para las inversiones externas, especialmente en el sector de hidrocarburos”.
Por su parte, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) resaltó el fallo del Tribunal Agroambiental a través de un pronunciamiento. “Se valora la decisión judicial, es muy importante garantizar la seguridad jurídica para las empresas que operan en el país y generar un ambiente adecuado para atraer nuevas inversiones que permitan impulsar la urgente reactivación del sector”.
En la misma línea, el gerente de YPFB-Andina agregó que este hecho judicial “es un factor preponderante, no solo para atraer inversiones extranjeras sino también para garantizar las inversiones de las empresas nacionales, ya que con seguridad jurídica se genera un ambiente adecuado que permite al país tener una economía saludable, así como la reactivación del sector de hidrocarburos, lo cual repercute en beneficio de todos los bolivianos”.
