Aceleran la nueva Ley de Hidrocarburos para hacer más atractivo el sector, flexibilizar inversiones, reorganizar YPFB y recuperar la exploración con apoyo de empresas que no abandonaron Bolivia.
Mientras el presidente Rodrigo Paz insiste en que el país necesita con urgencia una norma capaz de atraer inversiones para desarrollar nuevas áreas productivas, y celebra el renovado interés de Petrobras por ampliar sus operaciones en Bolivia, avanza la construcción de un nuevo marco legal destinado a corregir las fallas que durante años limitaron la exploración y la llegada de capital privado.
Carlos Peláez, asesor especialista del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, sostiene que el proyecto de ley se encuentra muy avanzado, aunque su elaboración es compleja debido al peso económico, constitucional y estratégico que tiene el sector hidrocarburífero.
El sector hidrocarburífero abarca una compleja cadena de actividades y variables. Durante décadas, el gas natural fue una fuente clave de ingresos por exportaciones, mientras el país pasó a depender de la importación de combustibles líquidos para el mercado interno. A ello se suma toda la cadena de exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos.
“Ese conjunto de factores hace que cualquier modificación en normativa tenga un impacto directo sobre la economía nacional y sobre las necesidades básicas de la población”, explica Peláez. Esa realidad, añade, obliga a revisar cuidadosamente cada cambio para evitar generar nuevas distorsiones.
Uno de los principales obstáculos continúa siendo el marco constitucional. La normativa vigente establece que el Estado mantiene el control sobre la explotación y comercialización de los hidrocarburos, condición que, según Peláez, reduce el atractivo para inversionistas internacionales acostumbrados a modelos donde las empresas pueden comercializar directamente parte de su producción.
Por ello, uno de los ejes centrales del proyecto consiste en diseñar nuevos modelos contractuales que permitan dinamizar la participación privada sin vulnerar la Constitución. El objetivo no pasa por modificar el régimen constitucional, sino por encontrar mecanismos jurídicos que otorguen mayor certidumbre y rentabilidad a quienes asumen el riesgo exploratorio.
Precisamente el riesgo constituye otro de los puntos que busca corregir la futura legislación. Peláez señala que actualmente el denominado government take —la participación que retiene el Estado sobre los ingresos de un proyecto— resulta poco competitivo frente a otros mercados de la región. Esa elevada carga reduce los incentivos para invertir en exploración, una actividad caracterizada por elevados costos y una alta probabilidad de fracaso geológico.
Como parte de la revisión también se analizan regímenes especiales que permitan flexibilizar temporalmente determinadas obligaciones fiscales y laborales para proyectos específicos. La intención es crear condiciones más competitivas durante las etapas iniciales de inversión, cuando las empresas enfrentan mayores riesgos y aún no generan ingresos.
El proceso de construcción normativa, asegura Peláez, involucra a varios equipos técnicos nacionales e internacionales que trabajan simultáneamente en distintos componentes de la ley. Además, el Ministerio mantiene reuniones permanentes con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, colegios profesionales, entidades técnicas y representantes empresariales, dentro de un proceso de socialización destinado a recoger observaciones antes de la presentación oficial del proyecto.
Paralelamente se trabaja en una profunda reorganización institucional del sector.
Peláez afirma que tanto YPFB como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) requieren una modernización integral para responder a las exigencias actuales del mercado. A su juicio, ambas instituciones necesitan estructuras más ágiles, transparentes y eficientes, capaces de reducir tiempos administrativos y recuperar la confianza de los inversionistas.
Dentro de esa estrategia también se inscribe el reciente acercamiento con Petrobras. Para Peláez, resulta lógico que el primer esfuerzo del Gobierno se concentre en las compañías que nunca abandonaron Bolivia y que ya cuentan con infraestructura, personal y experiencia operando en el país.
Empresas como Petrobras, TotalEnergies, Repsol, entre otras, señala, enfrentaron los años más difíciles del sector y hoy representan los socios naturales para reactivar la exploración mientras se generan condiciones que permitan atraer nuevas inversiones. No se trata de privilegiar exclusivamente a quienes ya operan en Bolivia, aclara, sino de aprovechar que cuentan con conocimiento del mercado, infraestructura instalada y capacidad para responder con mayor rapidez.
