Expertos sugieren que el anteproyecto de ley de hidrocarburos sea debatido con todos los involucrados en el sector, para que existan aportes efectivos y reales a la necesidad de la reactivación.
Hace más de una décadas que los entendidos y actores del sector energético reclaman por la actualización o modificación de la Ley de Hidrocarburos, la declinación de la producción ha obligado a las autoridades a trabajar sobre esta posibilidad.
En ese sentido, el ministerio de Hidrocarburos y Energía anunció que hay un avance, toda vez que esta ley “cumplió su ciclo” y que ya tienen un anteproyecto que esperan dar a conocer próximamente, al respecto, los analistas indican que debe socializarlo con los involucrados.
“Entendemos que si nosotros no hacemos nada, vamos a tener las consecuencias que hemos visto durante los últimos cinco y seis años, una tasa de declinación bastante agudizada”, explicó sobre las acciones encaradas desde el Gobierno para intensificar las tareas de exploración y generar las condiciones necesarias.
Molina informó que el gobierno está trabajando en la “reconfiguración de las normas” del sector.
“Es importante mencionar también que las normas no son estáticas, la ley 3058 ya ha cumplido un ciclo, y nosotros estamos trabajando en la modificación de estos esquemas normativos”, explicó y en esa línea anunció que “tenemos un anteproyecto de ley que tiene que ver con el desarrollo de asociaciones”, sin dar mayores detalles.
Por su lado, el especialista en derecho empresarial, hidrocarburos y energía, Pablo Stejskal, señaló que la iniciativa anunciada por el ministerio de Hidrocarburos, de trabajar en un nuevo proyecto normativo, debe ser considerada bajo la circunstancia de que la actual Ley Nº 3058 de Hidrocarburos del año 2005, y enfatizar que la CPE delimita como única opción de participación del capital privado en el upstream la modalidad de “prestación de servicios”, bajo un sistema de retribución monetaria que no implique pérdidas para YPFB ni para el Estado.
Además, el Estado detenta exclusivamente la propiedad inalienable de toda la producción de hidrocarburos y es el único facultado para su comercialización. Entonces, esta tipología contractual, denominada también “risk service”, se ha adaptado en mayor medida para la rehabilitación de yacimientos maduros, no así para encarar prospectos exploratorios de atracción de capitales de alto riesgo, dijo el jurista.
En Bolivia, añadió el especialista, el esquema contractual vigente contempla el modelo de Contrato de Servicios Petroleros para áreas reservadas de YPFB, que está normado por un sistema rígido de elevadas regalías e IDH, alcanzando un 50% del valor de la producción bruta de hidrocarburos en punto de fiscalización, no siendo jurídicamente asequible una reforma para la implementación de un nuevo sistema de regalías escalonado. En este escenario de escasa flexibilidad normativa, se debería plantear como alternativa la reconfiguración de los incentivos fiscales, con particular enfoque en tributos sobre ingresos netos, y en un tratamiento diferenciado en función a la magnitud y características geológicas de los campos.
Por otro lado, se anunció que el proyecto de ley comprende el desarrollo de asociaciones de empresas petroleras. En este punto, la CPE permite la conformación por parte de YPFB de asociaciones o sociedades de economía mixta para la ejecución de actividades de la cadena hidrocarburífera. Se debe especificar que estas asociaciones, así conformadas, deben necesariamente suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios con YPFB, por mandato del artículo 362 de la CPE. Los Contratos de servicios referidos a la exploración y explotación deberán contar con previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por su lado, la experta en gestión de control de proyectos en la industria energética, Claudia López apuntó que el ministerio de Hidrocarburos ha dado pocas pautas sobre el proyecto en cuestión, se conoce que existe un borrador que está siendo socializado a nivel de las instituciones gubernamentales involucradas (YPFB y subsidiarias, Ministerio de Hidrocarburos y ANH). “De todos modos será necesario que la Ley sea debatida con todos los involucrados en el sector (demás empresas petroleras y de servicios) para que existan aportes efectivos y reales a la necesidad de la reactivación”, sugirió.
“Deduzco que la Ley estará vinculada a lo determinado por la CPE en su Artículo 351 que permite la formación de asociaciones, la contratación de empresas privadas y la conformación de empresas mixtas para el aprovechamiento de los recursos naturales siempre y cuando no transgredan la Constitución, las leyes y los derechos de terceros, disponiendo que el Estado es responsable de supervisar, regular y vigilar dichas actividades con el objetivo de proteger el medio ambiente, las comunidades y el patrimonio nacional.
Sin embargo, dijo López, habrá que evaluar si en este proyecto se planea separar a los contratos de servicios petroleros, que señala que el Estado a través de YPFB debe tener una participación mayoritaria en dichos contratos. Esta información solo será clara una vez que el anteproyecto sea socializado.
Al igual que cualquier otra ley, su promulgación depende de diferentes factores que pueden hacer que el plazo varíe, así como en algunos casos puede ser emitida en algunas semanas debido a la voluntad gubernamental o el tipo de procedimiento, en otros casos podrá demorar meses o incluso años en ser discutida, debatida y votada en ambas Cámaras. En casos como el de la Ley de Hidrocarburos, la proyección, socialización con los actores involucrados y temas sensibles como el tributario, la distribución de regalías y participación hacen bastante compleja su aprobación. Un claro ejemplo es que a pesar de los esfuerzos por modificar la Ley de Hidrocarburos desde 2006, hasta la fecha no se ha materializado, apuntó López.
