El Gobierno puso en marcha una de sus apuestas más sensibles: la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos orientada a reactivar la inversión y recuperar la producción de gas y petróleo.
La iniciativa, que contempla tributos de hasta el 50% para las empresas del sector, busca reordenar un marco normativo que, según autoridades y analistas, ha quedado rezagado frente a las nuevas condiciones del mercado energético regional e internacional.
El proyecto fue entregado por el exministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, antes de dejar el cargo. De acuerdo con la exautoridad, la propuesta apunta a eliminar la discrecionalidad en los contratos vigentes y establecer reglas más claras y predecibles. El objetivo central es atraer nuevas inversiones bajo un esquema que brinde seguridad jurídica y condiciones transparentes para los operadores.
Desde el Ejecutivo, la reforma es presentada como una medida estratégica para devolver dinamismo a un sector que en los últimos años ha mostrado señales de deterioro. La propuesta no plantea únicamente un aumento de cargas fiscales.
Según la versión oficial, el esquema de tributos de hasta el 50% será flexible y adaptado a las características de cada proyecto, con el fin de no desalentar inversiones. La lógica es combinar una mayor participación estatal con incentivos que permitan el retorno del capital privado, especialmente en actividades de exploración, consideradas de alto riesgo.
El presidente Rodrigo Paz sostuvo que la futura normativa debe surgir de un “acuerdo entre los bolivianos”, reflejando la necesidad de construir consensos en torno a una política que tendrá impactos de largo plazo.
En el ámbito técnico, la propuesta ha generado reacciones que, si bien coinciden en el diagnóstico, presentan matices en las soluciones. El analista y consultor internacional, Álvaro Ríos reveló que sostuvo conversaciones con Medinaceli durante la elaboración del proyecto, en las que planteó la necesidad de abandonar el esquema uniforme de tributación heredado de la Ley 3058.
Ríos cuestiona el modelo “flat” del 50%, al considerar que no distingue entre distintas realidades geológicas y económicas. En su criterio, el país necesita un sistema progresivo que permita aplicar tasas más bajas —entre 15% y 20%— en zonas de mayor riesgo para competir con mercados como Perú, mientras que en áreas tradicionales podrían mantenerse niveles más altos, cercanos al 40%.
El analista también subraya la importancia de ajustar el precio interno del gas para hacer viables los proyectos de exploración. Según su planteamiento, un valor cercano a los 4 dólares por millón de BTU, que incluya costos de transporte, permitiría generar condiciones mínimas de rentabilidad. A esto se suma la necesidad de alinear el precio del petróleo con referencias internacionales bajo un esquema de paridad de exportación.
Otro de los puntos críticos señalados por Ríos es el rol de la estatal YPFB. A su juicio, es necesario replantear su participación en el sector y abrir mayor espacio a la iniciativa privada. Propone incluso recuperar activos de subsidiarias como Chaco y Andina para impulsar asociaciones en nuevos proyectos. En paralelo, insiste en que la eliminación gradual de los subsidios es una condición indispensable para ordenar el mercado energético.
Desde otra perspectiva, el analista Abel Villegas coincide en que la reforma debe atacar el régimen fiscal establecido en 2005, al que atribuye distorsiones que afectan a campos marginales, proyectos de recuperación secundaria y nuevas áreas exploratorias. En ese sentido, valora positivamente la intención de subdividir el portafolio de proyectos con diferentes esquemas fiscales.
Sin embargo, Villegas pone el acento en la dimensión política de la reforma. Advierte que la nueva ley requerirá acuerdos amplios en la Asamblea Legislativa para consolidarse como una política de Estado. Recuerda que el país ya ha atravesado procesos similares, como la consolidación del mercado de exportación de gas a Brasil, que demandó continuidad a lo largo de varios gobiernos.
El analista también enfatiza la necesidad de socializar la propuesta con distintos sectores de la sociedad. A su juicio, el cambio de normativa debe ser comprendido en un contexto donde la geopolítica energética ha cambiado. Países que antes eran importadores, como Argentina, hoy compiten como productores y exportadores, lo que obliga a Bolivia a mejorar su competitividad para atraer inversión extranjera.
Las advertencias no son menores. Según Villegas, de no implementarse reformas, el país podría enfrentar un escenario de mayores precios de combustibles, escasez de divisas y una mayor dependencia de importaciones energéticas. Esto, a su vez, tendría impactos directos en la economía y en la calidad de vida de la población.
