Para reducir el requerimiento de gas para la generación, así como la tarifa con gas importado, es necesario instalar más generación renovable.
Por Sergio Arnez Morales, analista del sector eléctrico
Bolivia necesita con urgencia más energía renovable y puede obtenerse implementando una norma sencilla para viabilizar la inversión privada.
El casi monopolio Estatal y la falta de inversión privada en la generación de electricidad en Bolivia se presenta debido a que precio para esta actividad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es muy bajo porque está subvencionado indirectamente a través del precio fijo del gas natural de 1.3 $us/MMBTU, y no cubre los costos normales de proyectos de generación.
Actualmente existe suficiente capacidad de generación (Potencia Instalada) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) para cubrir la demanda, pero la mayor parte funciona con gas natural, por lo cual el 66% de la energía generada en 2024 fue con este combustible.
El gran problema que se viene es que, debido a la caída de las reservas y producción de gas natural, probablemente a partir de 2028 se tendrá que importarlo para cubrir el consumo del mercado interno, con lo cual seguramente el estado ya no podrá proveerle gas a las generadoras al precio subvencionado actual, sino que tendrá que cobrarles el precio del gas importado, el mismo que seguramente estará en la banda de precio al que Bolivia exporto en los últimos años, es decir 7 a 10US$/MMBTU, por cual la tarifa de electricidad para el consumidor final subirá al menos un 70%.
Para reducir el requerimiento de gas para la generación de electricidad, así como la tarifa con gas importado al consumidor final, es necesario instalar más generación renovable.
Con los grandes proyectos hidroeléctricos que están en construcción desde hace años y deben ponerse en operación en 2025 y 2028, así como otros solares y eólicos de ENDE, la generación con gas bajará al 50% y luego volverá a subir con el crecimiento vegetativo de la demanda (sin tomar en cuenta la demanda adicional de la movilidad eléctrica), lo cual muestra que los esfuerzos del Estado actuando en solitario son totalmente insuficientes. Por otro lado, el Estado ya no tiene dinero ni es sujeto de crédito para nuevos proyectos, por lo cual ya es necesario y urgente crear las condiciones para que la inversión privada participe y ayude.
Para interesar a la inversión privada, primeramente es necesario viabilizar los proyectos económicamente, ofreciendo a los nuevos proyectos de generación renovable el precio que necesiten para desarrollar la actividad.
Esto ya se hace para los proyectos de ENDE desde 2014 con el DS-2048/204 (reemplazado por el DS-4808/2022), mediante el cual el MEM paga a nuevos proyectos de generación renovable solar y eólicos el precio normal y un precio adicional para llegar al costo real de producción, basado en la revisión anual de los costos de cada proyecto. Sin embargo, este mecanismo es poco atractivo para un inversionista privado por ser discrecional (no es resultado de un proceso competitivo) y no brinda la seguridad de los ingresos en el largo plazo necesaria para financiar un proyecto.
En cada vez más países del mundo, incluidos nuestros vecinos, el suministro de energía renovable a precios competitivos para las redes eléctricas se logra a través de subastas de suministro de largo plazo, donde el Mercado eléctrico ofrece a empresas generadoras contratos de suministro por 15 años al precio ofertado por los adjudicatarios, los cuales son seleccionados por mérito de precio. El principio de funcionamiento es muy simple y no necesita refinaciones que pueden implementarse en el tiempo.
Para implementar este esquema rápidamente en Bolivia, puede elaborarse una normativa simple, paralela a la normativa existente, de forma que el esquema de subastas coexista con el sistema actual en el MEM (como el DS-4808/2022). Con las subastas anuales, la participación del suministro de energía renovable a precio real de mercado ira creciendo, con lo cual se reducirá gradualmente el requerimiento de gas para la generación eléctrica, así como el precio de la electricidad con gas importado para el consumidor final.
Implementando la normativa en 2025 y la primera subasta en 2026, probablemente los primeros proyectos puedan entrar en servicio en 2028, reduciendo el impacto de la importación de gas en la tarifa de electricidad.
Seguir operando el sector eléctrico sin tomar ahora medidas importantes como la citada es poner en riesgo la seguridad del suministro de electricidad a la población boliviana, tal como sucedió con el diésel y la gasolina.
