La seguridad energética exige superar dogmas, asumir la realidad y actuar con pragmatismo mientras se construyen consensos para reformas estructurales.
Por Zulema Espejo, abogada con especialidad en Derecho de los Hidrocarburos y Energía
La mente humana posee una tendencia natural hacia la autocomplacencia intelectual. Nos resulta cómodo habitar en narrativas prefabricadas, doctrinas y dogmas que satisfacen nuestras creencias. Desde esa trinchera ideológica dictamos, con soltura, cómo debería funcionar la política, la economía, las decisiones de gobierno, las organizaciones o los medios de comunicación. Sin embargo, pocas veces nos atrevemos a realizar una verdadera prueba de realidad: mirar los hechos despojados de sesgos partidarios, del color político o de la nostalgia ideológica. Mirar la realidad, simplemente, tal como es.
Esta resistencia a la objetividad se agudiza de manera dramática cuando analizamos el sector hidrocarburífero en Bolivia. En el debate público actual, las posiciones se han dividido prácticamente en dos extremos: por un lado, quienes insisten ciegamente en que la nacionalización fue un fracaso absoluto; por el otro, quienes cierran filas de manera dogmática para defenderla como un éxito incuestionable. En medio de este tiroteo discursivo cabe preguntarse: ¿cuántos actores se han detenido a realizar un diagnóstico real, técnico y apolítico? Un análisis riguroso que evalúe si las políticas implementadas a partir de la Ley 3058 y el Decreto Supremo 28701 cumplieron sus objetivos, pero que también examine, con el mismo rigor, el escenario previo a ese hito.
En un escenario ideal, este diagnóstico libre de ideología debería constituirse en la piedra angular para diseñar la planificación energética estratégica de los próximos 20 años, permitiéndonos construir las herramientas técnicas y jurídicas necesarias para un horizonte sostenible. No obstante, el imperio de la realidad se impone con crudeza sobre nuestros deseos.
Las preguntas que la realidad nos plantea son urgentes y exigen una madurez institucional insoslayable: ¿tenemos hoy el tiempo y el capital político para generar el consenso necesario que demanda la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos? Es importante recordar que la Ley 3058 estuvo precedida por un referéndum para dotarla de legitimidad. Bajo las condiciones actuales, ¿existe un plan real para garantizar la seguridad energética?
Recientemente, el escenario político ha sido testigo del anuncio de un paquete de reformas legales que promete revertir la crisis del sector. Sin embargo, el diagnóstico de base y el plan de largo plazo que sustentan esas propuestas continúan siendo desconocidos para los actores técnicos. Pero incluso si asumiéramos que dicho plan existe y fuera presentado mañana mismo a la opinión pública, la conflictividad social y los recientes bloqueos prolongados nos obligan a cuestionar su viabilidad práctica: ¿es posible ponerlo en marcha en el actual clima de fragmentación y desconfianza? Y si la realidad demuestra que su implementación no es viable en el plazo que requiere la industria, ¿cuál es la alternativa? ¿Nos quedaremos congelados en la inacción, esperando la aprobación de la normativa ideal?
La situación crítica de las reservas de hidrocarburos, del balance energético, del suministro de combustibles y de la economía nacional exige acciones inmediatas. El desafío consiste en diseñarlas y ejecutarlas dentro del marco normativo, operativo y geopolítico vigente.
En ese sentido, cabe preguntarse: ¿el verdadero reto de la gobernabilidad energética consiste en redactar la ley perfecta para el futuro o radica en la capacidad de actuar con eficacia en el presente?
Esto no significa renunciar a un Plan Energético de largo plazo ni a una nueva Ley de Hidrocarburos, sino asumir que la realidad política ha vuelto impredecible el camino de cualquier reforma estructural. El problema no es la pertinencia de la ley —sobre cuya necesidad existe un amplio consenso—, sino la incertidumbre respecto a los tiempos de su aprobación en un contexto de reservas críticas. Esa parálisis política no puede condenar a la industria a la inacción ni convertirse en un argumento para desestimar las alternativas de optimización que deben explorarse desde ahora.
Esta necesidad no implica resignación normativa ni la aplicación de parches improvisados; por el contrario, exige un conjunto de medidas que comienza con una ejecución más eficiente del marco legal vigente, pero que no se agota en ella. Hablamos de acciones iniciales y concretas con potencial de impacto real sobre las reservas, como otorgar tratamiento prioritario y expedito a los Contratos de Servicios Petroleros que actualmente se encuentran en proceso de autorización y aprobación, así como potenciar la capacidad operativa que normativamente ya posee YPFB.
Asimismo, el escenario actual nos desafía a ir más allá. No solo debemos identificar vías de acción, sino también construir una alineación estratégica con aquellos inversionistas cuyos perfiles se adapten a las condiciones regulatorias vigentes. Con igual prioridad, resulta imprescindible optimizar la estructura operativa y corporativa que el Estado ya tiene desplegada.
El imperio de la realidad demuestra que el espacio para la retórica se ha agotado. La seguridad energética no es una opción ideológica; es un imperativo de pragmatismo estratégico que debe ejercerse en el presente, pero con un norte inequívoco: garantizar la accesibilidad, la disponibilidad y la fiabilidad de los recursos energéticos del país como plataforma indispensable para sostener su desarrollo y su viabilidad económica.
Este documento es un manuscrito original remitido exclusivamente para la evaluación editorial de la revista EnergyPress. Queda estrictamente prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito del autor
