Mientras los comunarios del “frente político” en defensa de la Reserva Natural de Tariquía prepara nuevas acciones para tratar de frenar la exploración petrolera en la Reserva Nacional de flora y fauna, el “frente judicial” se ha topado con una acción inesperada que podría hacer descarrilar el recurso presentado ante la sala departamental del Tribunal Constitucional.
En ella se solicitaba instruir la realización de la consulta “previa” a todos los afectados por el proyecto de Petrobras en el área de San Telmo Norte, que atraviesa el corazón de toda la Reserva, pero que inicialmente está focalizado en el norte, sobre predios de Chiquiacá Norte y Centro.
Camino del enredo
La Acción de Cumplimiento ya fue rechazada “in limine” el 29 de marzo por la sala departamental en un auto firmado por el vocal Félix Mur y secundado por la magistrada Heidy Calderón, ambos vocales designados para Tarija. En el texto se señalaba que la Acción de Cumplimiento era el último recurso y que antes de debía haber conminado por todos los medios legales al Ministerio de Hidrocarburos y concretamente a su titular, Luis Alberto Sánchez, a realizar la consulta.
El asambleísta Mauricio Lea Plaza, uno de los accionantes en el proceso, explicó que en su momento decidieron no impugnar hasta cumplir con ese requisito señalado en la demanda, para evitar que el caso se cayera por esa alegación formal sin entrar al fondo. “El órgano encargado de hacer cumplir la Ley nos pide que primero le pidamos al Ministro que cumpla la Ley, en medio enredado, pero así está”.
“Ayer nos hemos enterado que el TCP ha vuelto a sacar otro auto interlocutorio, el 40/2019, qué dice que el Ministerio ha impugnado la Resolución in limine. Como ha impugnado, todo se manda a Sucre – indicó el asambleísta – Lo que están intentando con esto es inmovilizar el proceso, mandarlo a Sucre y que ahí duerma el sueño de los justos y que ya nosotros no podamos plantear nuevamente la Acción de Cumplimiento”.
El asambleísta, parte de la plataforma Unidos por Tariquía, indicó que esta resolución viola el “derecho al debido proceso” recogido en el Código del Procedimiento Constitucional en el que solo se permite la impugnación a los accionantes luego del rechazo in limine y no así a los demandados, puesto que la demanda en sí no ha nacido a la vida jurídica. “Al haber mandado a Sucre, han violado el derecho al debido proceso, entonces vamos a hacer un Amparo para que se restablezca y para que el Tribunal deje sin efecto este acto interlocutorio que es a todas luces ilegal”.
Ministro niega irregularidades
Mientras tanto, el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez mantiene la postura de legalidad y necesidad del proyecto de exploración de hidrocarburos en la Reserva Nacional, además de minimizar el impacto que este tendrá. En esa misión, Sánchez ataca la salubridad del río Guadalquivir, importante para la industria vitivinícola. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
“Lo que hay es político; ambientalistas que no tienen ningún tipo de sentido, más aún cuando no ha entrado ninguna actividad hidrocarburífera y uno de los afluentes con análisis de impacto ambiental como es el río Guadalquivir, no es potable ni sirve para riego, y sin el ingreso de la industria petrolera ya hay 14 mil hectáreas deforestadas”, señaló.
(El País)
