El Estado debe fijar sus objetivos a partir de una ley de hidrocarburos progresiva y flexible para atraer inversiones y reconstruir el sector.
Si bien no se habla de una nueva ley de hidrocarburos, hay una expectativa por parte del sector privado de escuchar propuestas sobre una nueva ley de hidrocarburos, que sea moderna, progresiva y sobre todo que fije los objetivos del Estado. De lo contrario, se estaría dejando morir al rubro que se ha constituído por años en el sostén de la economía nacional.
En esa línea, uno de los personajes más representativos del sector privado y de servicios, además expresidente de la Cámara Bolviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) Carlos Delius, remarcó que los objetivos del Estado deben estar enmarcados en atender al mercado interno y generar valor para los bolivianos a través de los mercados de exportación, y para lograrlo se debe modificar la Ley porque no es adecuada para estos objetivos.
“Se tienen que hacer ajustes a la ley para atender el mercado interno y generar excedentes. La ley que tenemos es muy estatista, y no es adecuada para esos objetivos. Bolivia tiene que ir a buscar mercados, buscar inversión para exploración, porque llevamos más de 10 años de retraso y debe haber un esquema competitivo”, apuntó.
Cuando habla de precios competitivos, se refiere a los ajustes en las rentas. “En el único lugar donde debe haber ajustes, es en el Goberment take, es decir, cuánto toma el Gobierno del negocio, porque una cosa es el anterior ciclo y otra muy distinta este nuevo periodo”, añadió.
Asimismo, dijo que la nueva ley tiene que ser muy rigurosa en los objetivos y muy flexible en los instrumentos.
No obstante, para el empresario del rubro de servicios, aunque sabe que este sector no es parte de la cadena; una ley moderna no significa que deba generar ventajas a los locales, pero tampoco debe ser lapidaria. “Todos debemos ser competitivos, pero no estoy de acuerdo en que la cancha esté inclinada en nuestra contra como la tenemos hoy, todo el sistema es sesgado y antiempresa, sentimos que hay una carga muy fuerte contra las empresas de servicio”, advirtió.
Delius puntualizó que uno de los aspectos que deben flexibilizarse en términos normativos, son los que vinieron por Decreto, como “la famosa Banda de Precios, donde se establece que los servicios y costos son sujetos a ser aprobados como costos recuperables y eso no debería existir, se debería volver al sistema anterior”, añadió.
Actualmente se tiene un sistema con una banda de precios y un listado muy amplio en cientos de hojas. “En mi opinión es una arrogancia burocrática, porque se ha juntado un pequeño grupo de personas que nunca han hecho el trabajo y se han puesto a sacar en base a información de estadísticas que no consideran factores externos, esa es una planificación mentirosa, esa noción de que uno puede determinar las necesidades a futuro la puede planificar y volverlo todo quinquenal, todo eso ha demostrado que no funciona”, explicó el expresidente de la CBHE.
Hay que centralizarse en ser competitivos para reinsertarse al mercado de exportación, “porque el mercado interno es pobreza”, enfatizó.
Con respecto a la parte fiscal, el expresidente agregó que tiene que ser más progresiva, y atraer inversores para que logren recuperar su dinero de manera más acelerada.
Consideró que debe contemplarse en la ley que las operadoras dejen de ser prestadoras de servicios con riesgos. “No veo en este momento las condiciones objetivas para rearmar este negocio, tienen que ser creadas en base a los requerimientos del mercado. El Estado alrededor de eso, haciendo caso a los mercados y a quienes van a invertir, que son los que van a reconstruir el sector, sino seremos como un almacén en liquidación. Esto debería ser un proyecto nacional”, concluyó Delius.
Pablo Ordoñez, Experto en Legislación Impositiva: “Hay que mejorar los incentivos”
La Ley de Hidrocarburos 3058 es del año 2005 y el Decreto de Nacionalización es del año 2006. Claramente las circunstancias internas y externas bajo la cuales fue aprobado ese marco normativo, han cambiado sustancialmente en términos de nuestra oferta exportadora consecuencia, por ejemplo, de la reducción en el volumen de reservas. Pero también hubo cambios en nuestros mercados de exportación donde se han producido descubrimientos convencionales y no convencionales que indirectamente condicionan la relación comercial con Bolivia. Todas estas circunstancias, nos invitan a repensar si es necesario adaptar el marco normativo a los nuevos tiempos.
En relación a la atracción de inversiones es necesario trabajar sobre una agenda común para el sector extractivo en general. Los incentivos y desincentivos tributarios, por ejemplo.
Es necesario pensar en dos escenarios de atracción de inversiones distintos: El primero consiste en generar condiciones para que los operadores con presencia en Bolivia, se queden e intensifiquen sus inversiones. Esto, en gran medida se consigue dotando estabilidad a la aplicación de los contratos de operación. En el mediano plazo, deberían mejorar los incentivos de la Ley 767 Ley de Promoción para La Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.
El segundo consiste en generar condiciones para que lleguen al país nuevos operadores. Aquí es importante que los decisores de política pública piensen en reformas de mayor calado, por ejemplo, nuevos modelos contractuales con tratamientos fiscales más atractivos.
La coyuntura obliga a trabajar sobre una agenda de reformas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo es fundamental estabilizar la aplicación de los contratos de operación. La inclusión de bandas de precios a los costos recuperables de los contratos de operación, ha representado un retroceso en la relación entre YPFB y los operadores, primero porque se trató de una medida unilateral impuesta sobre los operadores con severos impactos económicos y administrativos, sin embargo, el mayor impacto fue introducir un elemento de imprevisibilidad adicional sobre los contratos, generando incertidumbre y un quiebre más pronunciado en la confianza que debería primar en una relación contractual entre el Estado y los operadores.
