Este gobierno de transición puede y debe promulgar y simplificar decretos, resoluciones y nueva regulación para la Ley 767 de incentivos que ya existe.
Por: Alvaro Ríos, ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y actual Socio Director de Gas Energy Latin America
La propaganda del MAS confundió, y engañó e hicieron creer a los bolivianos que el sector de los hidrocarburos andaba fenómeno, cuando en realidad es todo lo contrario. Iniciado el gobierno de transición, nos permitimos escribir una hoja de ruta propositiva para el sector de energía.
Manifestábamos que el primer objetivo era mantener abastecido el mercado interno, logro que fuera cumplido a cabalidad por el gobierno de transición y merece reconocimiento.
Exteriorizamos que había un segundo objetivo, que era transparentar información de reservas y producción de gas natural y tratar de generar un ambiente más favorable y confiable con Petrobras, IEASA y otros clientes, agentes e instituciones en Brasil y Argentina, tendientes a renovar y lograr nuevos contratos de gas natural, porque los que se tenían estaban a punto de vencer. El MAS no había logrado ningún tipo de avance y solo tenía cientos publicitados MOU’s (Memorandum of Understanding).
Reconocemos que el gobierno de transición ha avanzado bastante en este tema y los resultados concretos de estas negociaciones en Brasil y Argentina las conoceremos y analizaremos hacia finales del mes de marzo.
Un tercer tema que recomendamos, fue que en este gobierno de transición, no existía impedimento para impulsar y reactivar nueva producción de petróleo y líquidos en campos maduros no productivos o en declinación. Lo anterior evitaría el desangramiento de dólares que sufre el país por tener que importar cada vez más gasolina y diésel. La falta de exploración por años en la búsqueda de petróleo nos ha llevado a una crítica situación.
Este 2019 las importaciones de diésel y gasolina se llevaron del país 1,550 Millones de Dólares (MMUSD) y si no se hacen ajustes de fondo, el 2024 tendremos un déficit energético entre las exportaciones de gas natural y las importaciones de gasolina y diésel. Letal para una economía rentista que ha vivido cómodamente de las exportaciones de gas, que ahora disminuyen y que debe importar cada vez más diésel y gasolina.
Con voluntad política, este gobierno de transición puede y debe promulgar y simplificar decretos, resoluciones y nueva regulación para la Ley 767 de incentivos que ya existe. De eso se trata de hacer regulación sencilla y transparente y cumplir los pagos a los que generen nueva producción.
Lo anterior estimamos resultaría en nueva producción de petróleo entre 5,000/ 9,000 barriles por día en 2 a 3 años más. Equivalen a ahorros en importaciones de diésel y gasolina de 140 a 200 MMUSD por año. Además se generaran importantes aportes por regalías, IDH y otros impuestos al Estado, regiones e instituciones. Se mejorara el empleo productivo en el área de servicios petroleros y se dará mayor capacidad de operación a las refinerías que actualmente operan cerca al 60% de su capacidad.
Finalmente, damos contento a los ambientalistas debido a que para este incremento de producción de petróleo en campos maduros no es necesario invadir nuevas áreas o entrar a parques protegidos y se puede trabajar sobre contratos existentes.
Ganancia por todo lado, pero hasta ahora nos han estado mareando la perdiz y postulando soluciones coyunturales pero no estructurales y de impacto para resguardar nuestra economía y la agobiante situación económica y financiera que tiene YPFB.
Resumiendo, Ministerio, YPFB y ANH necesitan juntarse y emitir normativa simple y transparente ajustándose a la Ley 767 y generar confianza.
