GAS Y PETRÓLEO

Fallo judicial podría golpear a las petroleras que explotan en San Alberto

Una jueza agroambiental de Entre Ríos, Tarija, condenó a la empresa Petrobras a pagar $us 61,5 millones, que con los intereses devengados podrían superar los $us 100 millones.

Una jueza agroambiental de Entre Ríos, Tarija, condenó a la empresa Petrobras a pagar 61,5 millones de dólares, que con los intereses devengados podrían superar los 100 millones y que, en la práctica, cubriría la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), poniendo el riesgo la industria hidrocarburífera del país, según documentos a los que accedió CORREO DEL SUR.

La decisión final está en manos de una de las dos salas del Tribunal Agroambiental (TA) cuyos magistrados, este lunes, a las 10:00, resolverán un recurso de casación interpuesto por Petrobras, que cuestiona el fallo de la Jueza de Entre Ríos alegando que el demandante no habría demostrado fehacientemente el derecho de posesión de la tierra y la función económica social, tal como lo establece el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

La empresa Petrobras Bolivia S.A. es la operadora del pozo petrolífero – gasífero San Alberto, ubicado en el municipio Caraparí, región de Gran Chaco de Tarija, y tiene como socios a la Total Bolivia S.A. y Andina S.A. (propiedad de YPFB). Desde este pozo se realizan las mayores exportaciones de gas a Brasil y también al mercado interno.

LA CERTIFICACIÓN DEL INRA

Según la documentación que conoció este diario, el INRA certificó que los poseedores y propietarios de 544 hectáreas de tierra en litigio eran las comunidades campesinas aledañas al lugar, entre ellas Loma Alta, que posee la mayor superficie, pero los ahora demandantes no aparecen en ese proceso de saneamiento.

“En el lugar del pozo San Alberto no existían poseedores ni trabajos agrícolas de ninguna naturaleza. Se trata de serranías en donde es inviable la agricultura, e incluso la pecuaria”, dijo una fuente de este medio.

Lo que sí ofrecieron los demandantes es un título de 1971, es decir de hace 50 años, emitido por el exConsejo de Reforma Agraria y que establece que una abuela de ellos, conjuntamente otra persona, eran propietarias de alrededor de 7.000 hectáreas, dentro de las que estarían estas 544 donde se encuentran los pozos de San Alberto.

PEDÍAN $US 172 MILLONES

María del Rosario Vacaflor Lahore interpuso una demanda que terminó radicándose en el Juzgado Agroambiental de Yacuiba, a cargo de la Verónica Hesse de los Ríos, solicitando un pago compensatorio de $us 172 millones por el uso de la superficie de las referidas 544 hectáreas.

La jueza Hesse de los Ríos dictó su fallo y condenó a Petrobras a pagar $us 61.139.520 que, sumados los intereses, podrían llegar o incluso superar los $us 100 millones, por el uso de 544 hectáreas del pozo San Alberto. Según el cálculo económico que hizo la magistrada, en la zona en conflicto se podría cultivar soya a razón de un ingreso mensual de $us 1.200.

El juicio comenzó en 2019 en un juzgado de Yacuiba y, por recusaciones de las partes, pasó al de Entre Ríos. Pero curiosamente la misma jueza de Yacuiba fue trasladada al juzgado de Entre Ríos, y terminó pronunciándose a favor de los demandantes.

Ahora todo el proceso está en manos de una de las salas del TA, que mañana tendrá una audiencia para resolver el recurso de casación interpuesto por Petrobras dentro de un proceso contencioso administrativo en el que se debe confirmar o revocar la resolución de la Jueza.

LAS IMPLICANCIAS

El monto del pago compensatorio que exige el demandante al final recae en YPFB porque los costos de operaciones de Petrobras tendrían que ser reembolsados por el Estado. Esos costos, si bien están a cargo de la empresa de origen brasileño, si se confirmara el fallo que le obliga a pagar dicha suma millonaria, terminarían siendo asumidos por la estatal petrolera boliviana, según documentación referida al caso.

Fuentes de este periódico advirtieron que si el TA confirmara el fallo de la Jueza, dejaría un precedente funesto ya que pueden surgir otros demandantes exigiendo la revisión del acuerdo compensatorio económico por el uso del suelo vía servidumbre, lo que terminaría generando una inseguridad jurídica y desalentando las inversiones en la industria hidrocarburífera del país. Fuente: Correo del Sur.

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