La sentencia deja sin efecto todas las medidas cautelares y dispone el levantamiento de la retención de las cuentas bancarias de la empresa.
La Sala Primera del Tribunal Agroambiental dejó sin efecto y de manera inmediata la sentencia Nro 01/2021 del 7 de abril pronunciada por la juez Agroambiental de Entre Ríos, que obligaba a la empresa Petrobras a pagar un monto de más de $us 61 millones por el uso del predio del Campo San Alberto.
La sentencia dispone el levantamiento de la retención de cuentas bancarias de la empresa, e impone una multa de Bs 1000 a la jueza “por haber incurrido en responsabilidad inexcusable y que, serán descontados de sus haberes”.
“Ha quedado sin efecto esta medida abusiva, ilegal, extorsiva. Se ha logrado un fallo apegado a derecho que devuelve la confianza en la justicia”, dijo el abogado de la petrolera, Luis Fernando Calvo.
“La sentencia definitiva hace lugar a todos los planteamientos que hicimos por Petrobras, donde señalamos que este proceso nunca podía haberse instaurado porque no presentaron un derecho propietario, que es lo que le da la legitimidad al demandante para reclamar algo en un proceso. El Tribunal ha hecho todo un análisis pormenorizado y ha constatado que jamás debería haber existido este proceso. La jueza actuó de manera irregular y se la sanciona con una multa en sus haberes”, señaló Calvo.
La sentencia que emitió el Tribunal Agroambiental solicita “oficiar ante la ASFI para el levantamiento de retención de cuentas bancarias dispuesta en Sentencia, así como a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, de Hidrocarburos y a YPFB para la cancelación de los embargos de dineros correspondientes”.
Calvo manifestó su conformidad con la sentencia y dijo que el “Tribunal ha restituido la seguridad jurídica que estaba vulnerada por una jueza con alta sospecha de corrupción; que está denunciada penalmente y que recibirá una sanción por parte del Ministerio Público, al concluir la acción penal contra la jueza y los demandantes que armaron esta cuestión con el objetivo de extorsionar y cobrar una cifra económica en contra de Petrobras”, dijo el jurista.
Petrobras obtuvo el derecho a explorar en el campo San Alberto en 1996 y la familia Baldivieso Vacaflor reclamó ante el tribunal los derechos sobre la tierra en 2018 con la presentación de un título de propiedad de 1971.
Calvo dijo que el pago por servidumbre ya fue cancelado adecuadamente a las comunidades campesinas que son los verdaderos dueños. “El monto que se canceló fue menor al que pedían los demandantes por el uso de 500 hectáreas, y de haberse solicitado esta cantidad sin duda hacía inviable la operación petrolera en el país, y hubiera generado una avalancha de juicios impresionante, es algo imposible, ni Tarija recibe esta cantidad en regalías”, acotó.
El campo San Alberto, situado en el municipio de Caraparí (Tarija), es operado por Petrobras con una participación del 35% y tiene como socios a YPFB Andina, subsidiaria de YPFB Corporación y Repsol con el 50%, y Total con el 15%.
