Una reforma profunda al sector podría salvar a la industria. No es posible que importemos el petróleo a un precio de $us 80 el barril, y a los productores les paguemos a $us 27 el barril, eso hay que corregir para favorecer la producción nacional porque genera impuestos y empleos.
Termina la gestión 2023 y el sector hidrocarburífero no ha mostrado señales de cambio o reformas para imulsar la industria. Incluso el presidente Luis Arce admitió que el país atraviesa una declinación en la producción de gas natural desde 2014 y que las reservas de gas tocaron fondo.
“Este año 2023 pasa a ser muy deficitaria la balanza comercial energética en importaciones y exportaciones. Esta ya es una tendencia que continuará los siguientes años y solamente podrá ser revertida cuando se tengan cambios profundos en la Ley de Hidrocarburos para que se reactiven nuevas inversiones. En exploración este año se van a importar cerca de 2.400 millones de dólares en gasolina y Diésel, y se va exportar cerca de 2.000 millones de dólares en gas natural, lo que ya deja un balance negativo comercial de 400 millones de dólares. El próximo año 2024 este déficit será aún mayor”, sostuvo el exministro y analista energético, Alvaro Ríos tras ser consultado sobre cómo evalúa el desempeño del sector este 2023.
Indicó que en relación a 2022, la estatal YPFB quedó sin recursos, porque la han usado como una fuente para subsidiar los combustibles en el país. “Ahora tiene que recurrir a préstamos del Banco Central de Bolivia o al Tesoro General de la Nación para que le ayuden a comprar combustibles y pueda abastecer el mercado oportunamente”, remarcó.
Aunque durante este año ya se registraron varios racionamientos, situación que empeoró a fines de esta gestión 2023, Ríos asegura que se debe a la falta de recursos para mover el combustible desde el mercado internacional, que significa una logística complicada además de los trámites pertinentes. “Los recursos siempre tienen que estar disponibles mientras los cisternas sigan ingresando a Bolivia. Son cerca de 240 camiones que por día cruzan nuestra frontera. Entonces la estatal debe coordinar el ingreso de estos camiones por los tres puntos fronterizos, luego mezclar la gasolina con el etanol, que son casi 50.000 barriles por día que se van a importar este año. Además, se suma la psicosis de los usuarios de comprar y almacenar el combustible”, dijo el experto a tiempo de señalar que el contrabando y la complejidad de la logística siempre existió, pero ahora faltan los recursos.
Con respecto a las exportaciones, el analista indicó que el año 2024 sería el último año de exportación a la Argentina y entraríamos con un nuevo ciclo para culminar también el contrato con Brasil que se proyecta para finales de 2024. “Este 2023 no es un año muy loable en exploración, los resultados son muy escasos algo muy pequeño en campos de petróleo como Yarará y Boquerón que incrementarán en algo, pero después en materia exploratoria no se ha tenido nada bueno. Vamos a esperar que Astillero genere algún resultado positivo para el próximo año”, indicó Ríos.
Con respecto a las reservas, dijo que no se ha hecho público, porque son las empresas operadoras las que dan la información al certificador.
Las inversiones fueron mínimas para la envergadura del Plan
El analista Hugo Alfonso del Granado Cosio también evaluó el desempeño del sector y señaló que la evolución de la producción es negativa desde el año 2014, y el 2023 no ha cambiado respecto al 2022. De acuerdo al Índice de Volumen de Producción de Hidrocarburos del INE, expresado en porcentaje, éste ha sido negativo desde diciembre del 2021 hasta el mes de septiembre de este año, la producción de líquidos hasta septiembre fue de 27.915 BPD y de gas de 42.19 MMM3/D, aunque en el último trimestre la producción se gas estuvo en 38 MMM3/D. No vale hacer una comparación con las metas proyectadas por el gobierno, porque estas son siempre sobre dimensionadas y optimistas y no guardan relación con la información relativa a reservas porque hace 6 años que no se certifican y no se adjudica el estudio para certificarlas al 31 de diciembre de este año, básicamente por la falta de descubrimientos significativos. Dicha Certificación debía también elaborar pronósticos de producción sobre 59 campos gasíferos y 25 de líquidos.
En 2021 el gobierno aprobó el Plan de Reactivación del Upstream para la ejecución de 42 proyectos, sin embargo, las inversiones presupuestadas son mínimas para la envergadura del plan. Para 2023 se programó una inversión de $us 423 MM en exploración y de $us 313 MM en producción, haciendo un total de $us 736 MM para el upstream. Cualquier plan exploratorio serio para 42 proyectos requeriría de por lo menos 3 mil millones de dólares. Adicionalmente y por problemas políticos al interior del gobierno, tiene dificultades para aprobar contratos de servicio con las empresas privadas retrasando nuevas inversiones. Los resultados de la producción muestran el escaso éxito obtenido en el Plan y la ineficiencia con que se ejecutan las actividades.
El desarrollo de la infraestructura, de los planes y proyectos, de un país tiene que darse como resultado de una estrategia de política económica con metas claras y coherentes, lo que no sucede en Bolivia.
El mundo está inmerso en la transición energética y Bolivia no acudió a ninguna instancia presentando proyectos concretos para acceder a los múltiples fondos creados para favorecer a los países pobres con proyectos de esta naturaleza. El desarrollo de la nueva infraestructura ya no tiene que estar pensada en los términos tradicionales sino en la nueva dinámica del mundo, abierta a inversiones, a tecnologías renovadas, a la competitividad y eficiencia.
Sector hidrocarburos, ante la urgencia de ajustes estructurales
El sector hidrocarburos en Bolivia atraviesa por su peor momento de los últimos 23 años. Sin embargo, ello no es resultado solo de la gestión actual; sino que, al ser este sector de largo plazo, los indicadores que hoy se observan son más bien consecuencia de las decisiones de política hidrocarburífera que se han tomado en Bolivia desde al menos el año 2003 en adelante.
Los resultados de dicha política son una caída en las reservas hidrocarburíferas del país debido a la poca actividad exploratoria, se lo ve reflejado en la caída de un 40 % en la producción de gas natural, si se comparan los resultados a octubre de 2023 cuando se registró un promedio anual de 36 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) versus el año 2015, que fue el de mayor producción, en el que, el país alcanzó una producción promedio de 60 MMmcd, para posteriormente empezar a decrecer año tras año, obligando a Bolivia a renegociar los volúmenes comprometidos en los contratos de exportación suscritos, tanto con Brasil ,como con la Argentina, ello a fin de evitar el pago de multas, pero con un efecto en la caída de ingresos de divisas desde el año 2016 así como en renta petrolera que beneficia a gobiernos departamentales, municipios, universidades públicas, Tesoro General de la Nación y demás beneficiarios.
Por otra parte, en el periodo 2015 – 2023 también se observó la caída de un 50 % en la producción de hidrocarburos líquidos, lo que obliga al país a importar cada vez más diésel y gasolinas para poder satisfacer la demanda del mercado interno. A ello debe sumarse el crecimiento de un 206 % del parque automotor legalmente registrado en el país, durante los últimos 10 años y una política de subvención ciega a la gasolina y el diésel, que no distingue si el consumidor necesita o no esa ayuda del Estado, lo que, además de incentivar el consumo de combustibles fósiles, ha impulsado el contrabando de carburantes y la minería ilegal, que demanda grandes cantidades de diésel.
Bolivia ha pasado de ser un país exportador neto de hidrocarburos durante los primeros 20 años de este siglo 21, a convertirse, desde el año 2022, en un país importador neto de hidrocarburos, demostrando así el fracaso de una política hidrocarburífera que solamente se ocupó de capturar renta y hacer crecer la burocracia estatal entorno al sector hidrocarburos, descuidando la sostenibilidad energética en el corto, mediano y largo plazo. Por ello es que el país necesita con urgencia una nueva política hidrocarburífera que permita revertir estos resultados en el mediano plazo.
YPFB 2023: un enfermo terminal
El desempeño de YPFB en 2023 muestra un deterioro de su salud económica y financiera, causado por el fin del ciclo del gas.
La producción de gas sigue cayendo a una tasa de 4 MMmcd/año. De seguir esta tendencia, a fines de 2024 la producción habrá bajado a 30 MMmcd. Conocemos de sobra la principal causa: la irresponsabilidad de un gobierno que en 17 años priorizó la monetización de las reservas recibidas a su reposición. Las iniciativas tardías, tímidas e insuficientes, de explorar que desde YPFB han resultado en rotundos fracasos, mientras las inversiones privadas en este rubro siguen siendo una quimera.
Las consecuencias de ese hecho son devastadoras para las exportaciones. Argentina dejará de recibir el gas boliviano desde junio de 2024, a menos que, como parece, la reversión del gasoducto al Norte se retrasara. En ese caso, habrá que evaluar cuánto de gas queda para los tres mercados actuales. Con un consumo interno de 15 MMmcd, sólo nos resta Brasil como posible aportante de divisas. Incluso, hay que plantearse si no sería preferible dejar de exportar gas para garantizar el consumo interno por un tiempo prudencial. Para ese fin, habría que conocer la certificación de reservas probadas que, a fines de 2023, sigue siendo un misterio, conforme a la tradicional “transparencia” de YPFB.
La disminución de la producción de gas es cada vez más “pobre” sigue ahondando el déficit de combustibles líquidos: cada mes necesitamos importar más diésel y gasolina ante un consumo creciente, a tal punto que, actualmente, las ventas por exportación de gas no llegan a cubrir las ¾ partes de las compras de combustibles. Somos importadores netos de energía, con la agravante del subsidio, una discutible política de Estado que erosiona aún más las exiguas finanzas de YPFB y que ha “normalizado” las colas en los surtidores.
El desafío para el año 2024 está en reducir la demanda de energías fósiles, acudiendo a las renovables mediante un plan de transición energética que el gobierno se resiste a impulsar.
