Bolivia enfrenta una grave crisis en el sector hidrocarburífero mientras impulsa reformas para atraer inversiones, reducir subsidios y transitar hacia una política energética sostenible.
En un intento por frenar la crisis que avanza precipitadamente en el sector hidrocarburífero, el Gobierno presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 767, una medida que busca incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos y captar inversiones extranjeras en el corto plazo. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, destacó que esta propuesta, remitida ya a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene como objetivo incrementar la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones, un desafío urgente en medio de un panorama marcado por la declinación de reservas y el peso insostenible de los subsidios a los combustibles.
La autoridad resaltó que la ley modificada incluye incentivos tanto para la producción de combustibles líquidos y gaseosos como para la exploración de nuevos yacimientos. «El objetivo es crear un marco normativo que permita a las operadoras, tanto nacionales como extranjeras, aumentar su participación en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que a su vez contribuiría a la expansión de la producción de gas y petróleo en el país», afirmó.
Mientras el Gobierno busca soluciones estructurales, analistas como Francesco Zaratti alertan sobre las profundas implicaciones económicas y operativas de importar GLP a partir de 2025 y gas natural desde 2027-2028. Estas medidas podrían agravar el escenario actual, dejando infraestructuras operando muy por debajo de su capacidad, tales como refinerías, plantas de separación y la Planta de Amoniaco y Urea (PAU),
El país enfrenta un dilema crítico: sus reservas de hidrocarburos se agotan, mientras la demanda interna crece y el subsidio a los combustibles, que ya alcanza niveles insostenibles, continúa drenando las arcas públicas. A ello se suma la presión por importar combustibles para suplir la declinación de la producción local.
Durante varias semanas, el mercado boliviano estuvo desabastecido de combustibles, llegando al límite con el bloqueo de los transportistas; tras la medida, el gobierno liberó la importación de diésel y su comercialización, una demanda que había sido planteada por sectores productivos y empresariales, afectados por la carestía.
A través del Decreto Supremo 5271 emitido el pasado 14 de noviembre, el Gobierno autorizó a personas naturales y jurídicas a importar y comercializar combustibles bajo estrictas condiciones durante un año. Estas incluyen la obligación de contar con permisos emitidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, además de respetar parámetros de calidad y evitar prácticas monopólicas.
Actualmente, el país destina más de 3.000 millones de dólares anuales a subsidiar combustibles, según dijo Hugo de La Fuente, experto energético y ex superintendente de Hidrocarburos, quien advirtió que esta cifra podría incrementarse a 4.000 millones si se incorpora la importación de gas natural. “Aunque la transición sería paulatina, su impacto económico será devastador, aumentando la presión sobre una economía ya debilitada”, añadió.
Los subsidios también alimentan el contrabando. Se estima que en 2023 cerca de 600 millones de dólares en combustibles subsidiados fueron desviados a países vecinos. Este contrabando no solo representa pérdidas económicas directas, sino que perpetúa un sistema donde los sectores más vulnerables no son los principales beneficiarios, dijo de La Fuente.
Zaratti, físico y analista en energías, también destacó la necesidad de repensar el uso de las plantas de refinación, cuya capacidad instalada de 65.000 barriles diarios podría ser aprovechada importando crudo desde Argentina. Esta estrategia reduciría costos de transporte y revitalizaría una infraestructura clave, pero requiere una inversión inicial significativa.
La eliminación gradual de los subsidios parece ser una solución lógica desde el punto de vista económico, pero, como señaló De La Fuente, la experiencia en Sudamérica demuestra su inviabilidad política. “En sociedades tan politizadas como la nuestra, estas medidas generan resistencias profundas. Lo aconsejable son medidas de choque”, afirmó.
Actualmente, el mercado negro ya refleja esta realidad. En algunas regiones, la gasolina se comercializa a más de Bs. 10 el litro y el diésel a Bs. 18. Esta situación ha llevado al gobierno a permitir la importación de combustibles por privados a precios internacionales, una decisión que refleja la magnitud del problema, señaló de La Fuente.
“Recordar también que la experiencia empírica de la región (Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc.) muestra que los países que más intervienen los mercados con este tipo de subsidios o determinación de precios, son definitivamente más pobres que los países que se manejan con las reglas del libre mercado”, apuntó el analista.
Por su lado, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, dijo que en todos estos años, lo ejecutado o gastado para esta subvención fue mayor a lo programado. En el 2021 se gastó aproximadamente más de $us 190 millones, con un aumento de alrededor de un 44%. En el 2022 se gastó casi 2,5 veces más a lo presupuestado, y el pasado 2023 se erogó un 66% más a lo que se había planificado por el gobierno nacional.
Para este 2024, si bien no ha acabo aún, pero si nos basamos a lo que indico el ministro de hidrocarburos, Alejandro Gallardo, el cual informo que se gasta al menos $us 56 millones a la semana para la subvención a los hidrocarburos, nosotros estimamos que el gasto total este año estaría alrededor de los $us 2.912 millones. Lo cual representaría $us 1.483 millones o un 104% demás a lo presupuestado para esta gestión. Esto representaría (de manera estimativa) un crecimiento del 361% entre lo gastado efectivamente el 2021 a lo que se gastará posiblemente este 2024, en base a fuentes oficiales, explicó Romero.
Propuestas
Zaratti y De La Fuente coincidieron que la solución pasa por cambios estructurales. Zaratti enfatizó la necesidad de reducir la demanda de combustibles fósiles y apostar por vehículos eléctricos y de gas natural vehicular (GNV). Sin embargo, advirtió que los biocombustibles son una opción cara y poco sostenible a largo plazo.
De La Fuente, por su parte, abogó por incentivar la inversión privada modificando el “Government Take” —la participación estatal en los ingresos—, que en Bolivia supera el 80%, uno de los niveles más altos del mundo. Este esquema, dijo, desincentiva la exploración de nuevos campos, limitando el potencial energético del país.
Ambos expertos recalcaron la necesidad de un marco regulatorio moderno y profesional. Zaratti sugirió que YPFB redimensione su rol en la cadena energética, permitiendo mayor participación privada bajo un esquema regulatorio sólido. Asimismo, destacó la importancia de consensuar una política energética a mediano y largo plazo como política de Estado.
En términos legislativos, De La Fuente propuso una reforma profunda, incluyendo cambios en la Constitución para permitir un mercado energético competitivo. “Los países con economías libres, sin subsidios ni intervención estatal excesiva, son más prósperos que aquellos que perpetúan políticas de precios controlados”, afirmó.
Además, Zaratti señaló que el país ha perdido valiosos años para mantener e incrementar el mercado de exportación de gas a Brasil. En cambio, la dependencia del mercado interno y las políticas de subsidios han erosionado la competitividad del sector.
La implementación de políticas claras, incentivos a la inversión privada y un compromiso firme con la transición energética son esenciales para superar este desafío. Como afirmó Zaratti: “Es necesario sincerar los precios de la energía, no solo de los combustibles, para atraer inversiones en generación eléctrica mediante fuentes renovables. Estamos en tiempo de actuar, si aún queremos un futuro energético sostenible para Bolivia”.
