Los servicios legales son ahora más variados y especializados. Existen materias nuevas, como los financiamientos estructurados y las planificaciones sucesorias, que exigen trabajo coordinado de diversas especialidades.
El país necesita con urgencia un nuevo Código de Comercio, una Ley del Trabajo sistemática y una reforma profunda a la normativa impositiva.
Por otra parte, la reforma de la Justicia es indispensable para generar un ambiente de efectiva solución de conflictos. Sin un sistema de justicia serio, el país no puede dar las condiciones mínimas para el desarrollo de negocios.
“Existen vacíos en todas las áreas del Derecho y en materia económica, lo que implica la postergación del desarrollo del país. Lo más importante que Bolivia necesita es fortalecer la seguridad jurídica”, dijo José Criales, experto en Derecho Corporativo, Hidrocarburos, Energía, Construcción y Arbitraje.
Asimismo, Santiago Nishizawa, especialista en Derecho Comercial y Corporativo, Energía y Recursos Naturales, y Derecho Bancario y Arbitraje, socio Senior de Bufete Aguirre, Quintanilla, Soria & Nishizawa – BAQSN indicó que entre los periodos de 2005 y 2015, Bolivia registró una época de bonanza especial por la exportación de sus recursos, lo que implicó un descuido en la modernización y adecuación de las normas del área legal empresarial y económica en general.
“La falta de inversiones en los sectores tanto tradicionales, como de la minería e hidrocarburos, o en los no tradicionales, de la agricultura y la ganadería, así como la industria manufacturera, muestran la necesidad de reformas y modernización de normas”, señaló el experto.
No obstante, coincidió con Criales y sostuvo que el país tiene la oportunidad de desarrollar tanto los sectores tradicionales como no tradicionales, y para ello es de suma importancia modernizar y actualizar sus leyes, tanto el Código de Comercio que establece el marco legal general para el desarrollo de actividades empresariales como las leyes sectoriales.
“El Código de Comercio, que pese a múltiples intentos de reformas, no se ha logrado implementar una reforma sistematizada desde su puesta en vigencia en 1978. Los sectores de la minería, hidrocarburos, telecomunicaciones así como los servicios financieros requieren de modernizaciones, actualizaciones y/o flexibilizaciones de normas en algunos casos”, apuntó.
Otros sectores no tradicionales, como en el agropecuario y el manufacturero, requieren de incentivos para impulsar la producción y las exportaciones. También, con el fin de impulsar los negocios en el sector de la tecnología de la información, startups, etc., se requiere actualizar ciertas normas o establecer un marco normativo adecuado para incentivar la creación y el desarrollo de nuevos emprendimientos remarcó Nishizawa.
Insistió en que es necesario establecer incentivos en general para atraer inversiones, fomentar la producción interna e impulsar las exportaciones, dando seguridad jurídica a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
Desde que el gobierno boliviano denunció los tratados que no estaban acordes con la Constitución Política del Estado vigente, y en ausencia de los tratados bilaterales de promoción y protección a las inversiones, es necesario encarar una verdadera reforma judicial que le devuelva la confianza en el sistema judicial boliviano, tanto a los ciudadanos comunes, como para los empresarios, indicó Nishizawa.
Oportunidades
La demanda de los servicios legales ha tomado mayor importancia, indudablemente en los últimos años caracterizados por la crisis mundial ocasionada por la pandemia del Covid 19.
Si bien las cuarentenas rígidas y los cierres de fronteras dispuestos por los diferentes gobiernos en todo el mundo para hacer frente a la pandemia, han derivado una crisis económica generalizada afectando de alguna manera a todas las empresas, con la consiguiente disminución del requerimiento de los servicios legales temporalmente durante el año 2020, casi inmediatamente han surgido necesidades de una intervención mayor de los abogados especializados en diferentes áreas para encarar, por un lado, reestructuraciones empresariales y hacer frente a una nueva realidad impuesta por dicha pandemia y, por el otro, asistir a los emprendedores que encontraron en la crisis oportunidades para iniciar nuevos emprendimientos en respuesta a las nuevas necesidades del mercado, todo lo cual ha hecho que se revalorice el rol de los abogados en el área empresarial y económica, explicó Nishizawa.
Entre otros aspectos, debido al plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral que lanzó el gobierno boliviano, prohibiendo el despido de trabajadores durante las cuarentenas, las empresas y los trabajadores se vieron obligados, de alguna manera, a buscar formas de reestructuración empresarial de manera consensuada, incluyendo algunas veces la desvinculación laboral mediante el acuerdo de las partes, en el que los abogados cumplieron un rol importante para viabilizar una solución que fuera pragmática y viable, pero que, al mismo tiempo sea legal, para evitar una situación peor como la quiebra y/o la liquidación de las empresas y salvar las fuentes de trabajo, apuntó el jurista.
“Aun así, en algunos casos no se pudo evitar el cierre y la liquidación, o quiebras de empresas, situaciones en las que también fuimos requeridos para asistirles legalmente”, recalcó Nishizawa.
Asimismo, el diferimiento en el pago de los créditos en el sistema financiero (capital e intereses) dispuesto también por el gobierno para apoyar a los ciudadanos y a las empresas pequeñas y medianas (PYMES), obligó a los bancos y entidades financieras a reprogramar los créditos de dichas personas y PYMES, por un lado, y renegociar, por el otro, con las demás empresas sus créditos. Estas acciones también requirieron la participación de los abogados, señaló el especialista.
Sin embargo, las crisis traen también oportunidades de nuevos negocios, por lo que surgieron requerimientos de asesoramiento legal para emprendimientos.
“Surgieron nuevas empresas de servicios de entrega de productos a domicilio (delivery), startups y otras que aparecieron para responder la creciente demanda de servicios de tecnología de información, para atender los requerimientos del mercado mediante el teletrabajo o trabajos desde los domicilios, desarrollo de nuevas aplicaciones para facilitar el comercio electrónico, mediante pagos por nuevos medios electrónicos como pagos por internet, billeteras móviles, QR, y otros, así como para la emisión electrónica de facturas fiscales”, concluyó Nishizawa.
Historia: los Cambios legislativos y su gran impacto económico
Bolivia es un país con tendencia estatista, por lo que sus cambios legislativos tuvieron un fuerte impacto económico. Entre los casos legales, corresponde mencionar los que todavía mantiene en arbitrajes internacionales de inversiones, señaló José Criales a tiempo de indicar algunos cambios legislativos y su impacto:
El DS No. 3464 de 2 de agosto de 1953, de reforma agraria, que cambió las reglas sobre tenencia de la tierra en el país.
El DS No. 08956 de 17 de octubre de 1969, de nacionalización de la Gulf Oil Company, que dio lugar al desarrollo de la industria petrolera y gasífera a cargo de YPFB.
El DS No. 21060 de 29 de agosto de 1985, que paró la hiperinflación y llevó al país a una economía de libre mercado.
La Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria, que dio origen al actual régimen impositivo en Bolivia.
La Ley No. 1544 de 21 de marzo de 1994, de Capitalización, que previene un nuevo método de privatización, la regulación sectorial y la reforma del sistema de pensiones.
La Ley de Participación Popular de 20 de abril de 1994, que otorga recursos económicos a los gobiernos municipales y los convierte en factor de gestión y desarrollo.
La Ley de Pensiones No. 1732 de 29 de noviembre de 1996, que da fin al antiguo sistema de reparto, crea el sistema de capitalización individual y el Bonosol (actualmente la Renta Dignidad).
El DS No. 28701 de fecha 1° de mayo de 2006, llamado “Héroes del Chaco”, que contiene la denominada nacionalización de los hidrocarburos.
La actual Constitución Política del Estado de 2009; que contiene una infinidad de disposiciones con impacto económico.
El DS No. 1842 de fecha 18 de diciembre de 2013; que dispone que los Bancos otorguen créditos de vivienda social y créditos productivos con tasas controladas.
