El principal problema del sector es la dependencia del gas natural para la generación de electricidad y la necesidad de importación de dicho combustible a partir de 2028 para cubrir la demanda nacional.
Por Sergio Arnez Morales, Analista del sector eléctrico
Hace muchos años se ve que la normativa del sector eléctrico boliviano, basada en la Ley de Electricidad 1604 y sus normas subyacentes, vigentes desde 1995, requiere un ajuste importante para responder a las necesidades técnicas y económicas actuales.
En los últimos 20 años el gobierno intentó al menos 2 veces generar una nueva ley, pero no se logró nada, pues algo así requiere objetivos claros, mucho conocimiento y experiencia, participación de todos los afectados, despojo de intereses particulares mezquinos, y consenso. En consecuencia, la normativa recibió decenas de parches con modificaciones, complementaciones y anulaciones a lo largo del tiempo, que ni siquiera fueron compilados en un documento maestro.
Sin embargo, en mi opinión, en este momento, el problema más serio ya no puede esperar a una nueva ley (y todas sus normas subyacentes), sino que debe y puede ser resuelto con un nuevo parche.
El principal problema del sector actualmente es la dependencia del gas natural para la generación de electricidad y la necesidad de importación de dicho combustible a partir de 2028 para cubrir la demanda nacional. La generación con gas importado obligará a un fuerte incremento de las tarifas al consumidor final.
Esta gran dependencia (en 2024 el 66% de la energía del Sistema Interconectado Nacional fue generada con gas) se debe a la falta de inversión en generación renovable, originada por el bajo precio para esta actividad, el cual es función del precio subsidiado de gas natural para la generación de electricidad, fijado transitoriamente en 1.3 US$/mpc en el año 2001.
Para viabilizar proyectos de generación renovable con una remuneración por energía de 50 US$/MWh (aparte de la remuneración por potencia), el precio del gas natural debería incrementarse a 4 US$/mpc en el corto plazo. Esto implica un incremento de 40% en la tarifa promedio al consumidor final, que, considerando la situación, no es impensable (el gas importado a partir de 2028 costará mucho más).
La alternativa a incrementar el precio del gas natural para generación, es implementar el sistema de subastas de suministro de energía renovable de largo plazo, con el cual se puede lograr el suministro por precios de energía de alrededor de 50 US$/MWh (aparte de la remuneración por potencia cuando aplique), con menor impacto en la tarifa al consumidor final. Como ejemplo, el suministro de 5,000,000 MWh/año (43% de la generación 2024) al precio citado implica un adicional de 35 US$/MWh sobre el precio del Mercado Eléctrico Mayorista actual, que implica un incremento de menos de 20% en la tarifa al consumidor final.
El sistema de subastas de suministro puede implementarse fácil y rápidamente, como se hizo con el decreto que viabiliza los proyectos estatales de generación renovable alternativa.
Otro tema que debe ser mejorado, desde el punto de vista de un generador privado, es que los generadores no deberían tener que pagar ningún porcentaje del costo de la transmisión, pues todos los costos de la cadena de suministro hasta el consumidor final, deberían ser pagados por este. La asignación de parte del costo de transmisión a los generadores, fue impuesta bajo el concepto de que, en un mercado marginalista, buena parte de los generadores tendrían ganancias extraordinarias y que el peaje sería el pago del derecho al uso del sistema de transmisión, sin embargo, por la limitación del precio del gas, no existen tales ganancias extraordinarias.
Algo similar ocurre con la Tarifa Dignidad
Los otros varios temas que impiden un funcionamiento óptimo del sector eléctrico son en general temas que se resuelven aplicando la normativa a conciencia, o restaurando los conceptos originales que fueron distorsionados en el transcurso del tiempo, o mejorando algún detalle.
Nótese que ya no se habla de incrementos necesarios a la tarifa al consumidor final de algunos puntos porcentuales, ahora se habla de DECENAS de puntos porcentuales; y esto sin tomar en cuenta ningún ajuste de estabilización económica (devaluación del tipo de cambio oficial). Esto se debe a que no se realizaron los ajustes necesarios oportunamente, y mientras más tiempo pase, más difícil será.
