La explotación aurífera genera empleos y un efecto multiplicador reducido; pero, al mismo tiempo, destruye el ecosistema.
Por Hector Cordova Eguívar, Analista e investigador del sector minero en Fundación Jubileo
Organizaciones no gubernamentales, organizaciones de pueblos indígenas, investigadores/as, instituciones académicas de todos los países que tienen parte de sus territorios en la Amazonía se han pronunciado en contra de la minería en ese ecosistema. ¿Por qué esta resistencia? La Amazonía, muchos lo saben, es una reserva de oxígeno del planeta y reconocida por la gran biodiversidad que alberga. Estas características la hacen extremadamente importante para la continuidad de la vida en el planeta.
Lo lamentable para esta región es que, además, existe oro en abundancia en ella, lo que no significa abundancia y bienestar para los seres humanos y la naturaleza que la pueblan, sino todo lo contrario. Antes de la llegada de los europeos a este continente, ya había extracción de oro allí en pequeña escala; pero, en los últimos años, se ha incrementado por la falta de empleo, de fiscalización, débil institucionalidad, corrupción, desmesurada demanda global y “alianzas entre grupos corporativos y gobiernos, además de la permisividad de los gobiernos, especialmente en áreas con presencia limitada del Estado y control territorial por grupos criminales, generando incluso el desplazamiento forzoso de los pueblos” (Declaración del FOSPA 2024).
Esta denuncia es grave y seria; en nuestro país, todavía no ocurre en la dimensión que se da en países vecinos; pero las denuncias de asambleístas, dirigentes locales y sociedad civil son cada vez más frecuentes y muestran que el FOSPA está relatando nuestro futuro cercano.
El daño ambiental provocado por el mercurio y por la minería aurífera en general es irreversible y compromete la estabilidad del ecosistema. Nuestro país se ha sumado al convenio de Minamata; pero las acciones que se deben llevar adelante para cumplir los compromisos asumidos son escasas y débiles frente a la magnitud de las operaciones auríferas vinculadas al crimen internacional.
En los últimos años, el gobierno, para favorecer a gente de escasos recursos económicos ligadas a la explotación aurífera, ha determinado la flexibilización o disminución de ciertas medidas obligatorias para otros operadores. Esta determinación destinada a grupos específicos de personas ha sido, inescrupulosamente, aprovechada por organizaciones que llevan a cabo actividades al margen de la ley, provocando destrucción del medioambiente, contaminación de poblaciones enteras, pérdida de patrimonio del Estado, pérdida de soberanía en varios territorios y el empoderamiento de grupos que imponen la agenda al Estado.
Esta lección muestra que, ante la debilidad del Estado, es contraproducente tomar determinaciones para favorecer a grupos vulnerables, porque son mal aprovechadas por gente que no merece de esas ventajas. Entonces, parece que se debe anular esos favores y volver a la generalidad y promover apoyos específicos para que los grupos vulnerables no vean comprometida su sobrevivencia. Cualquier flexibilización o atenuación de condiciones provoca más perjuicio que bienestar.
Se ha dicho, permanentemente, durante los últimos años, que no se debe ceder al sector privado la iniciativa en la dirección de la economía nacional; pero, la realidad es diferente. El sector económico más importante en Bolivia es el minero y, al revisar las estadísticas oficiales, se ve que menos del 10% de la producción de este sector está en manos de la empresa estatal. La presencia y poder de los privados en minería es tan grande, que hasta pueden definir qué impuestos pagar, contrariamente a la norma de universalidad básica en este ámbito. Si la ley dice que no se puede hacer minería en áreas protegidas porque afectan la esencia por la que fueron declaradas protegidas, los privados ingresan a esas áreas, avasallan comunidades y contaminan el medioambiente. Adicionalmente, pagan lo menos posible al Estado y se enriquecen con el patrimonio de todo un pueblo.
La explotación aurífera genera empleos y un efecto multiplicador reducido; pero, al mismo tiempo, destruye el ecosistema, particularmente, de la zona amazónica, disminuye el patrimonio nacional, enriquece a pocas personas, debilita la gestión estatal, favorece la trata de personas y el blanqueo de capitales.
El balance no parece justificar la existencia de esta actividad. El Estado debe promover la generación de empleo digno y sostenible para cortar de raíz el crecimiento de la explotación aurífera, con esa base, podrá imponer la ley sin tener que ceder en los principios básicos de la conformación de un Estado y, al mismo tiempo, poner en marcha un plan de protección de la inmensa región amazónica.
