El análisis de los estados financieros de las empresas eléctricas muestra que el beneficio del gas barato no aparece íntegramente como utilidad de las termoeléctricas.
Por Pedro C. Torquemada L., Consultor en Hidrocarburos
Nuestro país se aproxima a una decisión energética que ya no puede postergarse. La producción de gas natural ha disminuido, las exportaciones se han reducido y diferentes proyecciones advierten que, si no se incorporan nuevas reservas, en los próximos años será cada vez más difícil atender simultáneamente todos los requerimientos del mercado interno.
Ante esta realidad, la discusión suele plantearse como una elección entre dos alternativas: exportar el gas para generar divisas o conservarlo para garantizar el abastecimiento nacional. Presentada de esa manera, la disyuntiva parece inevitable. Sin embargo, está incompleta.
El problema no consiste solamente en decidir dónde colocar el gas disponible. También debemos preguntarnos cuánto consumimos, en qué actividades, con qué eficiencia, a qué precio y qué valor económico obtiene el país por cada unidad utilizada.
Durante años, la abundancia relativa permitió abastecer el mercado interno y exportar grandes volúmenes. También posibilitó mantener precios bajos para las industrias, el GNV, las redes domiciliarias y la generación eléctrica. Pero las condiciones cambiaron: cada volumen destinado al mercado interno representa ahora gas que podría generar divisas o que, en el futuro, deberá ser sustituido mediante nuevas inversiones o combustibles importados.
Esto no significa que todos los consumidores internos deban pagar automáticamente el precio de exportación. Significa que Bolivia necesita conocer el costo y el beneficio de cada uso antes de establecer prioridades. Un precio subvencionado puede constituir una política pública legítima, siempre que se conozca cuánto cuesta, quién recibe el beneficio y si existe una alternativa más eficiente.
La contradicción del sistema eléctrico
El caso más complejo es la generación termoeléctrica. Bolivia utiliza gas para producir electricidad a un precio considerablemente inferior a su valor alternativo. Esto permite mantener baja la remuneración de las generadoras y, finalmente, las tarifas eléctricas.
Sin embargo, el análisis de los estados financieros de las empresas eléctricas muestra que el beneficio del gas barato no aparece íntegramente como utilidad de las termoeléctricas. Una parte permanece como flujo de caja, otra financia inversiones, otra reduce el precio mayorista y otra se distribuye entre transmisión y distribución. Finalmente, una porción debería llegar al consumidor mediante una tarifa menor, pero la información pública no permite reconstruir con precisión todo su recorrido.
El gas barato sí genera valor dentro del sistema eléctrico; lo que no está claro para la mayoría de las personas, es dónde termina ese valor y quién recibe cuánto.
Por ello, tampoco sería correcto elevar aisladamente el precio del gas hasta aproximarlo al valor de exportación. Con la remuneración eléctrica actual, incluso las centrales más eficientes tendrían dificultades para absorber semejante incremento. El resultado podría ser el deterioro financiero de las generadoras, mayores transferencias estatales o un aumento considerable de las tarifas.
Además, si las generadoras pierden la caja que actualmente utilizan para mantenimiento e inversión, deberán recurrir a financiamiento externo. Esa deuda tendrá que pagarse posteriormente con los mismos ingresos del sistema eléctrico, pero bajo un escenario de gas más caro.
El precio del gas, por tanto, no puede modificarse sin revisar simultáneamente la remuneración de la generación, la transmisión, la distribución y las nuevas inversiones.
Transparentar para decidir
La factura eléctrica debería identificar claramente cuánto corresponde a generación, transmisión y distribución, además de impuestos, tasas y subsidios. El consumidor y el tomador de decisiones necesitan saber cuánto cuesta cada segmento y qué componente recibe el beneficio del gas subvencionado.
La actual integración de ENDE y las operaciones entre matriz y filiales dificultan esta evaluación. Las empresas registran pagos entre ellas, pero parte de esos recursos puede regresar posteriormente a la matriz mediante dividendos o movimientos corporativos. No se trata de presumir irregularidades, sino de exigir suficiente transparencia para conocer el costo real del servicio.
Asegurar el mercado interno tampoco significa mantener indefinidamente la actual asignación del gas. Bolivia debe priorizar los usos que generan mayor valor económico y social y sustituir gradualmente el gas donde existan alternativas razonables.
En electricidad, esto exige acelerar proyectos hidroeléctricos viables, recuperar la geotermia de Laguna Colorada, incorporar energía solar y eólica mediante mecanismos competitivos, desarrollar almacenamiento y ampliar oportunamente la transmisión. Las termoeléctricas seguirán siendo necesarias para proporcionar potencia firme, respaldo y estabilidad, pero deberán reducir progresivamente su consumo anual de gas.
Bolivia todavía puede utilizar el gas como puente hacia una matriz energética más diversificada. Si mantiene el precio actual sin identificar quién recibe el beneficio, continuará consumiendo un recurso escaso sin conocer su verdadero rendimiento. Si eleva abruptamente el precio sin reformar el mercado eléctrico, trasladará el problema a las empresas y a los consumidores. Y si prioriza la exportación sin asegurar la sustitución energética, pondrá en riesgo el abastecimiento interno.
Por eso, exportar gas o asegurar el mercado interno es una falsa disyuntiva cuando se plantea sin una reforma eléctrica.
