El Ministerio de Hidrocarburos está trabajando en la modificación del Reglamento de Incentivos, la asignación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, los lineamientos para la selección de empresas, la suscripción de Contratos de Servicios Petroleros y la conformación de Sociedades de Economía Mixtas.
El actual gobierno de transición reconoce que se debe dar mayor impulso al sector. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que alista el Ministerio a su cargo para lograr ese objetivo?
La política hidrocarburífera fomentada por la anterior administración no generó resultados alentadores para la industria, la inversión en exploración se redujo, lo que consecuentemente se tradujo en menores proyectos exploratorios, esto implicó que las reservas de gas disminuyan.
La visión de esta administración es atraer nuevas inversiones, generando un incremento en las actividades del sector, para lo cual se identificó la necesidad de modificar la estructura legal.
El gobierno de transición considera la necesidad de iniciar un debate nacional para la redacción de una nueva Ley de Hidrocarburos, en ese sentido, el trabajo de esta gestión está enfocado en identificar las variables y aspectos que deban ser considerados en esta nueva norma. Cabe aclarar que será el próximo gobierno quien realice las modificaciones necesarias a ser aplicadas en el mediano y largo plazo.
—¿Hay un rezago crítico en materia de exploración, más allá del plan que acelera YPFB, se debe dar mayores incentivos a las empresas operadoras? Si es así, ¿cómo se traduciría este eventual ajuste?
Es claro que la exploración de hidrocarburos durante los últimos 14 años ha sido ineficiente y no dio los resultados que se anunciaron, generando una falsa expectativa en la población y peor aún, una disminución en las reservas hidrocarburíferas del país.
En un intento de promover la ejecución de actividades de exploración y explotación, se promulgó la Ley N° 767 de Promoción de Inversiones a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, sin embargo, es preciso mencionar que dicha normativa no fue reglamentada de manera adecuada, resultando una operativización lenta y burocrática, generando un desincentivo a las inversiones a ser ejecutadas por los titulares de los contratos petroleros, en contra del objetivo con la que fue concebida.
Considerando que el incentivo es un mecanismo que utiliza el Estado para atraer nuevas inversiones en el sector, la actual administración está trabajando en la elaboración de los lineamientos necesarios para que los incentivos sean menos burocráticos y más eficientes.
Se considera prudente la implementación de una ley de incentivos que presente una vía más expedita y menos burocrática para que los operadoras de los campo reciban los montos de los incentivos en plazos menores a los actuales, ésta será la tarea de la nueva administración a quien dejaremos los lineamientos para su consideración e implementación según su criterio.
—¿En general han considerado modificar o redactar una nueva normativa para el sector, o será tarea del próximo gobierno?
Esta administración reconoce la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos y normativas conexas a esta, bajo el precepto de atraer nuevas inversiones, generar mecanismos que permitan la reposición de reservas y promover la producción temprana.
En ese sentido, actualmente el Ministerio de Hidrocarburos se encuentra trabajando en la modificación y promulgación de normativa específica para alcanzar estos objetivos, entre las cuales podríamos mencionar la modificación del Reglamento de Incentivos, la asignación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, lineamientos para la selección de empresas, suscripción de Contratos de Servicios Petroleros y conformación de Sociedades de Economía Mixtas, entre otros. Estas medidas están dirigidas a viabilizar la suscripción de nuevos Contratos de Servicios Petroleros.
Respecto a la Ley de Hidrocarburos, se debe reiterar que la visión de este gobierno de transición, es establecer las bases y lineamientos para una nueva Ley de Hidrocarburos que se enmarque en el contexto actual, acorde a las tendencias y dinámica del sector, para que el próximo gobierno vea la pertinencia de su modificación, dado que es un trabajo multisectorial.
—¿Qué aspectos considera que deben modificarse o implementarse en una nueva normativa?
La normativa actual responde a un contexto preconstitucional que data del año 2005 y la Constitución Política del Estado es del año 2009, por ello la primera tarea de la siguiente administración, deberá ser adecuar la normativa actual a la Carta Fundamental, a mandatos esenciales como el deber del Estado de promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, impulsar su industrialización para el desarrollo del país precautelando la protección del medio ambiente.
Debe analizarse la posibilidad de que se normen procesos más eficientes en toda la cadena productiva, que se rijan bajo los principios de eficacia, eficiencia, oportunidad, transparencia, y que dichas actividades sean fiscalizadas por un tercero, cuando YPFB las realice por sí misma o en asociación con otras empresas.
Es necesario que el sector cuente con una normativa que permita a YPFB constituir sociedades de economía, distintas a los Contratos de Servicios Petroleros que hasta ahora fueron la única modalidad en actividades de exploración y explotación en las que YPFB participa, a objeto de potenciar su rol de Operador en las mencionadas actividades.
En lo que respecta a las actividades de exploración y explotación, deben analizarse mecanismos de incentivos distintos a los actuales, que sean fáciles de calcular y no requieran de fórmulas y procedimientos burocráticos y complejos como actualmente ocurre.
Por otra parte, la Ley de Hidrocarburos vigente, determinó que se reglamenten muchas actividades, generando que exista normativa dispersa, es necesario reunirlas en un solo cuerpo, sistematizarla, orientándola a cumplir el mandato constitucional de promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, impulsar su industrialización, en el entendido que los hidrocarburos son recursos de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.
Adicionalmente, es necesario consolidar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como el ente regulador de actividades de toda la cadena, en el marco de la política estatal de hidrocarburos, conforme al mandato encomendado por el Legislador Constituyente.
Finalmente, la Ley también debe prever la posibilidad de que YPFB pueda realizar inversiones en otros países, estableciendo requisitos y límites para la conformación de sociedades comerciales.
—¿Cuál es la forma para atraer inversión y cumplir con los contratos de gas?
Es necesario aclarar que el cumplimiento a los contratos de exportación de gas vigentes está garantizado considerando las reservas certificadas con las que cuenta el país.
El contar con contratos de exportación firmados como la 8va Adenda suscrita con Petrobras, es una forma de atraer inversión, ya que brinda seguridad sobre el mercado de destino en toda la cadena hidrocarburífera. Asimismo, a mediano plazo podría garantizar el suministro a clientes privados en el Estado Federativo de Brasil, lo que permitirá la diversificación de la cartera de clientes. La suscripción con agentes privados, permitirá asegurar inversiones en campos donde se tiene un perfil interesante para mayores descubrimientos de gas natural.
Asimismo, la política de transparencia de la información establecida por esta administración, se constituye en un instrumento estratégico para captar nuevas inversiones.
—¿Modificar el Goverment Take atraería inversiones. Se puede considerar esta posibilidad en el corto, mediano o largo plazo. Cuáles serían las condiciones?
No se visualiza una modificación del régimen fiscal hidrocarburífero como parte de la política del sector.
Sin embargo, con referencia a las regalías e impuestos, el primero establecido en la Constitución Política del Estado y el segundo en la Ley de Hidrocarburos, tienen como antecedentes un proceso histórico que no puede ser desconocido o ignorado. Por lo tanto, cualquier modificación requiere un proceso similar de diálogo democrático que analice la pertinencia o no de continuar con el régimen fiscal y regalitario.
—¿Si hablamos de intensificar la exploración para aumentar reservas, cuándo y cómo se llegaría al objetivo?
La etapa de exploración de hidrocarburos es un proceso que podría llevar entre 5 a 7 años dependiendo de las consideraciones geológicas y operativas que podrían encontrarse en cada una de las áreas dentro de la zona de interés hidrocarburífero, entre otros aspectos que podrían incidir en el tiempo de ejecución.
Bajo esta consideración, es preciso elaborar mecanismos y trabajar en nuevas alternativas que permitan la ejecución de actividades de exploración en las áreas con contratos petroleros vigentes, dando prioridad a los proyectos que comprometan producción temprana a corto plazo y proyectos que presenten alto potencial prospectivo a mediano y largo plazo.
De igual manera, se debe promocionar la inversión estatal para la ejecución de actividades exploratorias por parte de YPFB, como una alternativa adicional a los Contratos Petroleros con empresas privadas.
La implementación de las propuestas normativas que se están elaborando, están orientadas a la entrega de producción temprana en áreas con estudios preliminares en un periodo aproximado de 18 meses optimizando los tiempos operativos.
